Apatridas: El Casa de los Descendientes Haitianos Nacidos en la Republica Dominicana


Derecho Internacional Matters se complace en dar la bienvenida a este puesto de invitado de Luisa Pereira da Rocha Giannini . Luisa es una estudiante de segundo año de estudios de Derecho en el Centro Universitario La Salle de Rio de Janeiro . Obtuvo su licenciatura en Relaciones Internacionales en 2012. Ella es fluido en Inglés , español , francés, inglés y portugués. Síguela en twitter @LuisaGiannini

Luisa Pereira da Rocha Giannini

Actualmente, en la República Dominicana hay un debate jurídico sobre la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la nacionalidad de descendientes de haitianosnacidos en territorio dominicano.

Juliana Deguis Pierre es la joven que se tornó la cara de la lucha de los haitianos que sufren el riesgo de se tornaren apátridas. Juliana nasció en la República Dominicana y, mientras intentava sacar su documento de identidad, en 2008, tuvo su acta de nacimiento retenida por las autoridades, en razón de su apellido, que evidenciaba que su familia tenía origen haitiana. Fue notificada que no podía sacar su identidad por no ser dominicana.

Entonces, en 10 de diciembre de 2012, Juliana Deguis recurrió a la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo en la Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata por su derecho a una cédula de identidad dominicana. Pero, la Cámara, en la sentencia 473/2012, recusó la solicitación de Juliana por no haber presentado el documento original de su acta de nacimiento. Ante la negativa, Juliana apeló al Tribunal Constitucional, la más alta corte del Estado dominicano. Este también negó su petición y recomendó – en la sentencia TC/0168/13 – que acciones fuesen tomadas con relación a todos los individuos que estuviesen en la misma situación de Juliana Deguis en el país.

Con la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Dominicana –TC/0168/13 – , todos los hijos de extranjeros que nacieron en el territorio dominicano después de 1929 nunca han tenido nacionalidad dominicana.

En el caso de Juliana, sus padres eran residentes porque fueran contractados para trabajar en una plantación de azúcar e nunca más volvieron a Haití, pero, según el Tribunal Constitucional dominicano, la Señora Deguis es hija de extranjeros que estaban “en tránsito” en la República Dominicana, por lo tanto no radicados en el país. Este fallo fue expreso bajo la justificativa de observar las reglas de la constitución vigente en la fecha de nacimiento de Juliana – Constitución de 1966 (que vigoró hasta el año de 1994) – , que, en su artículo 11.1, definía:

Todas las personas que nacieren en el territorio de la República, con excepción de los hijos legítimos de los extranjeros residentes en el país en representación diplomática o los que estén de tránsito en él. [1]

Este fallo del Tribunal Constitucional generó una gran discusión por convertir cerca de 200 mil personas en apátridas. Sin embargo, muchas de ellas nunca fueron a Haití y siquiera hablan creole. Expertos – así como los dos jueces que votaron contra – entienden que la decisión de utilizar retroactivamente una ley es una violación de principios legales.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya había condenado en 2005 la práctica de la República Dominicana como discriminatoria, llegando a considerar que las prácticas del país eran “privaciones ilegales y arbitrarias de libertad”. [2] A pesar de las reservas de la Corte IDH, el gobierno dominicano siguió adelante y aprobó, en el año de 2010, una nueva constitución, que determina, en su artículo 18, que los niños que nazcan en el país hijos de inmigrantes sin papeles, incluyo de trabajadores temporales, no serán considerados dominicanos, como se puede ver a seguir:

Artículo 18.- Nacionalidad. Son dominicanas y dominicanos:

[…]

3.Las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas; [3]

En respuesta, en su comunicado de prensa sobre el caso de Personas Dominicanasy Haitianas Expulsadas vs. República Dominicana, emitido en 22 de octubre de 2014, la Corte IDH afirmó que la República Dominicana:

[A]l dar un trato de extranjeros a aquellas personas nacidas en territorio dominicano cuyos padres sean extranjeros en situación migratoria irregular, establecían una discriminación a la luz de la Convención Americana, vulnerando el derecho de igualdad ante la ley y otros derechos receptados en el tratado […] tal situación ilícita refiere a los padres, y no a las personas nacidas en República Dominicana. [4]

Aún ordenó la modificación, por la República Dominicana, de todas las leyes que sacan los derechos de nacionalidad de niños y niñas hijos de inmigrantes irregulares. Además, definió que “su Sentencia constituye per se una forma de reparación” y que las siguientes medidas deberían ser adoptadas por el gobierno dominicano:

i) adoptar las medidas necesarias para que las víctimas dominicanas, según el caso, sean debidamente registradas y cuenten con la documentación necesaria para acreditar su identidad y nacionalidad dominicana. […] ii) adoptar las medidas necesarias para que una víctima haitiana pueda residir o permanecer en forma regular en el territorio de República Dominicana […] vi) adoptar las medidas de derecho interno necesarias para evitar que la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0168/13 emitida el 23 de septiembre de 2013 y lo dispuesto por los artículos 6, 8 y 11 de la Ley No. 169-14 emitida el 23 de mayo de 2014, continúen produciendo efectos jurídicos; vii) adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto toda norma de cualquier naturaleza, sea ésta constitucional, legal, reglamentaria, administrativa, o cualquier práctica, o decisión, o interpretación, que establezca o tenga por efecto que la estancia irregular de los padres extranjeros motive la negación de la nacionalidad dominicana a las niñas y niños nacidos en el territorio de República Dominicana; viii) adoptar las medidas legislativas, inclusive, si fuera necesario, constitucionales, administrativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para regular un procedimiento de inscripción de nacimiento que debe ser accesible y sencillo, de modo de asegurar que todas las personas nacidas en su territorio puedan ser inscritas inmediatamente después de su nacimiento independientemente de su ascendencia u origen y de la situación migratoria de sus padres, y ix) pagar las cantidades fijadas por daño material e inmaterial, reintegro de costas y gastos. [5]

Este año de 2014, en 4 de noviembre, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió un nueva sentencia – TC/0256/14, donde define que su adhesión a la Corte IDH fue inconstitucional y, por tanto, cuestiona las decisiones de la referida Corte. El rechazo a la Corte IDH aconteció solamente cuando la Corte condenó la situación de discriminación y de privación de nacionalidad a las personas de ascendencia haitiana que nacieron e viven en la República Dominicana.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en 6 de noviembre de 2014, condenó este fallo y alegó que “la referida sentencia no encuentra sustento alguno en el derecho internacional, por lo cual no puede tener efectos”. [6] Además, resaltó que: La invocación por parte del Tribunal Constitucional de la excepción contenida en el artículo 46 de la Convención de Viena, conforme al cual una violación manifiesta a una norma interna de “importancia fundamental” puede ser alegada como un vicio del consentimiento, resulta abiertamente incompatible con el derecho de los tratados, particularmente con los principios de buena fe y estoppel. En virtud del principio del estoppel, un Estado que ha adoptado una determinada posición, la cual produce efectos jurídicos, no puede luego asumir otra conducta que sea contradictoria con la primera y que cambie el estado de cosas en base al cual se guió la otra parte. [7]

Por tanto, la Republica Dominicana no puede negarse a acatar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Juliana Deguis Pierre, por fin, recibió su cédula de identidad en 1 de agosto de 2014, después de 6 años de lucha por el reconocimiento de su nacionalidad dominicana. El Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estimula que lo mismo sea hecho por lo gobierno dominicano para las personas en la misma situación en la cual se encontraba Juliana. [8]

[1] Constitución de la República Dominicana de 29 de noviembre de 1966.

[2] http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/24/actualidad/1414111490_085037.html

[3] Constitución Política de la República Dominicana, proclamada el 26 de enero. Publicada en la Gaceta Oficial No. 10561, del 26 de enero de 2010.

[4] http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_28_14.pdf

[5] http://www.corteidh.or.cr/docs/comunicados/cp_28_14.pdf

[6] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/130.asp

[7] http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2014/130.asp

[8] http://www.unhcrwashington.org/media-news/latest-news/juliana-deguis-pierre-receives-dominican-national-id-after-long-battle-regain

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